NO A LA LEY DEL GATILLO FÁCIL Y EN DEFENSA DE LOS PUEBLOS QUE HAN HECHO DE LA PROTESTA EL ÚNICO CAMINO PARA DEFENDER Y CONQUISTAR SUS DERECHOS

Conociendo a los partidos que no respetan lo constitucional.

Congresistas upp se pronuncian

NO A LA LEY DEL GATILLO FÁCIL Y EN DEFENSA DE LOS PUEBLOS QUE HAN HECHO DE LA PROTESTA EL ÚNICO CAMINO PARA DEFENDER Y CONQUISTAR SUS DERECHOS

Pronunciamiento del Grupo Parlamentario Etnocacerista

Frente a la promulgación de la Ley N 31012, mal llamada ley de protección policial, hacemos público nuestro rechazo y condena, denunciando al bloque parlamentario compuesto Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú, quienes tomaron la repudiable decisión política de promulgarla a pesar de su abierta inconstitucionalidad. Esta ley alienta a la policía a hacer un uso indiscriminado de armas de fuego y, por tanto, atenta contra el derecho a la vida y la integridad de la población.

Cabe señalar –ante la confusión generada– que esta ley no tiene relación alguna con el estado de emergencia declarado como medida necesaria contra la pandemia por COVID-19. Se trata de un proyecto de ley del aprista Jorge del Castillo que fue aprobado por el espurio parlamento disuelto el año pasado, y que ahora ha sido promulgado por el presidente del Congreso, Manuel Merino, haciendo uso del artículo 108 de la constitución, sin debate alguno. Es, evidentemente, solo decisión de las bancadas mencionadas, pues controlan la mesa directiva.

Es una ley que atenta contra el rol de las fuerzas del orden y pone en riesgo a millones de peruanos que hoy más que nunca en esta emergencia nacional requieren que policías y militares cumplan con su deber dentro del marco constitucional.

Estos politiqueros (AP, APP y PP) que forman parte de la gran corrupción expresada ahora en el parlamento con nuevas caras y membretes, y que en sus filas cuentan con personajes que deben pagar por graves delitos de violación de derechos humanos, pretenden una vez más hacer de la impunidad una política de Estado.

Como es el caso Daniel Urresti –sicario del Estado en la guerra interna responsable de secuestro y desapariciones ampliamente denunciadas–, el mismo que como ministro del interior del felón Ollanta Humala ordenó la masacre del pueblo de Pichanaki cuando este valeroso pueblo protestó en febrero del 2015 contra la Pluspetrol dejando un muerto y más de 40 heridos de bala que hasta hoy está en la impunidad.

Así como Otto Guibovich, uno de los responsables del crimen de Estado del andahuaylazo, que causó la muerte de cuatro policías y dos etnocaceristas, perpetrado bajo órdenes del corrupto Alejandro Toledo con el objeto de reprimir nuestra insurgencia y encarcelar a los etnocaceristas levantados.

Estos politiqueros pretenden hacer uso político del miedo que genera la pandemia y utilizando una demagogia barata de protección policial quieren congraciarse con una población atemorizada para posicionarse de cara a las elecciones del 2021, y sobre todo legalizar la violenta represión de la protesta. No les importa el costo social ni tampoco los problemas legales y penales futuros que tendrá la propia PNP si actúa alentada por esta ilegítima ley.

Estos políticos criollos tienen perfecto conocimiento que la Ley N° 31012 es inconstitucional por derogar una garantía que forma parte del derecho a no ser privados arbitrariamente de la vida que está establecido en la Constitución y en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por vulnerar el principio de independencia judicial y el principio de igualdad. Además, tenían conocimiento que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo la rechazaron por su inconstitucionalidad. Pero no les importó, porque estos están acostumbrados a burlarse de la constitución.

Ante este grave atentado a los derechos humanos y los deberes constitucionales de las fuerzas del orden, como Grupo Parlamentario Etnocacerista planteamos lo siguientes.

1. Llamamos a las fuerzas políticas de oposición, a los parlamentarios que respetan el mandato del pueblo, a coordinar para derrotar este bloque parlamentario reaccionario articulando una moción de censura a la mesa directiva con el objeto de ponerlos en evidencia ante la ciudadanía por haber promulgado una ley anticonstitucional. Asimismo, coordinar para un proyecto de ley multipartidario de oposición para derogarla.

2. Exigimos al Presidente del Poder Judicial, al Fiscal de Nación y al Defensor de Pueblo, ejercer el deber de cautelar los derechos fundamentales y la legalidad de un estado de derecho interponiendo de inmediato la acción de inconstitucionalidad contra esta ley del gatillo fácil.

3. Exhortamos a las organizaciones sociales, gremiales y sindicales –agricultores, docentes, estudiantes, jubilados, transportistas, etc.–quienes hemos hecho de la protesta un instrumento constitucional de defensa de nuestros derechos a iniciar las acciones legales necesarias contra esta ley, la misma que nosotros como parlamentarios del pueblo respaldaremos íntegramente.

Lima, 30 de marzo del 2020.

Carlos Chavarría Vilcatoma - Junín

Iro Chagua Payano - Huancavelica

GRUPO PARLAMENTARIO ETNOCACERISTA