CON LA COLABORACIÓN DE JOSÉ CARLOS BRITTO
Los opositores del Ministerio de Educación (Minedu) tienen coincidencias que ponen en peligro los planes para elevar la calidad de la educación pública. Las ambiciones políticas regionales y las posiciones conservadoras —tanto de izquierda como de derecha— calientan un escenario que podría afectar elementos clave de la política educativa: los Colegios de Alto Rendimiento (Coar), la reforma magisterial y el nuevo currículo nacional.
CUESTIÓN DE DESCENTRALISMOS
La oposición del gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, al proyecto de asociación público-privada (APP) para construir y administrar la infraestructura de los Coar-centro (Junín, Huancavelica, Pasco y Cusco) no es académica, sino política, y podría tener eco en los sectores del gremio magisterial que buscan quitarle poder al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sutep. “Si se opusiera al concepto de Coar, sería una opción programática; pero si lo que quiere es mantener el Coar y que el gobierno regional se encargue de construirlo y administrarlo, lo que hay es un reclamo político de descentralización y autonomía regional”, explica Ricardo Cuenca, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos.
“He planteado que el gobierno central nos transfiera [la potestad de hacer] el expediente técnico, y que nosotros ejecutemos y administremos. Para ello necesitamos el presupuesto [US$85 millones]. Tres gobernadores regionales ya han firmado que no están de acuerdo con la APP [de los COAR-centro]. El que falta es el de Cusco, que va a consultar al Suter-Cusco. Sabemos que la respuesta va a ser que no. Nuestra propuesta nace de la consulta con la sociedad y los gremios de educación“, explica Cerrón. Los líderes regionales del sindicato docente comparten esta búsqueda de descentralizar el poder. “La huelga del 2017 fue totalmente política: se pugnaba por el poder dentro del sindicato, frente a la debilidad del CEN, y no por la reivindicación de derechos”, explica Cuenca.
“Confío en la capacidad reflexiva del ministro para que se llegue a una decisión consensuada y evitar un conflicto social. Pero definitivamente en mi gobierno no se va a construir nada privado en educación ni salud. Para nosotros es sagrado”, asegura Cerrón. La brecha de infraestructura en el sector educativo es de S/100,000 millones, por lo que la única forma de cerrarla es mediante la asociación con privados. Una fuente de alto rango del Minedu, que pidió anonimato por tratarse de un proyecto aún en etapa de adjudicación, confirma que la APP para la construcción y administración de los COAR-centro sólo es factible si involucra a las cuatro regiones. “El proyecto es para las cuatro. Si se cae uno, habría que empezar de nuevo todo. Ha tomado ya cuatro años y está a punto de salir”, dice.
CUESTIÓN DE POLÍTICA
Tanto el discurso en contra de la privatización de la educación como el que se opone a la meritocracia dentro del magisterio tendrían detrás un objetivo político similar. El interés de Cerrón por fortalecer el poder en la regiones se enmarca en su intención de crear un proyecto político para las elecciones presidenciales del 2021. “Cerrón tiene inscripción partidaria. Apunta a tener una división dentro de la izquierda y clasificar a la de [Verónika] Mendoza como una más limeña y preocupada de temas de la capital”, explica José Alejandro Godoy, profesor de ciencia política de la Universidad del Pacífico. “Quiere exhibir resultados y administrar directamente los COAR le ayudaría también con ello”, agrega.
“Hemos empezado un acercamiento con las fuerzas de izquierda que antiguamente estaban divorciadas. Es una conversación inicial, no hemos confirmado ninguna alianza. Vamos a volver a reunirnos en mayo, posiblemente en Cusco”, detalla Cerrón. “Podría estar apuntando a ‘jalarse’ bases como las de los Suters regionales, entre quienes hay temor por temas como el despido de maestros”, dice Godoy. A ello se suma una coincidencia política menos evidente: el conservadurismo.
CUESTIÓN DE GÉNERO
El proyecto político de los opositores del Minedu también se materializa en un párrafo de su nuevo currículo nacional. Hace dos semanas Cerrón publicó un tuit en el que explicaba que su propuesta de currículo regional no incluye a la “ideología de género porque nuestro pueblo lleno de valores familiares jamás podría aceptarlo”. Esta postura lo acerca al grupo de derecha conservadora Padres en Acción, que ha denunciado como inconstitucional la definición de enfoque de género del nuevo currículo. Ello hace que no se pueda imprimir, ni repartir a nivel nacional —aunque todo lo que no compete a ese párrafo siga vigente—, confirmó la fuente del Minedu.
“Dentro de la misma izquierda hay grupos que pueden ser muy conservadores. Cerrón es de estos casos”, explica Godoy. “Una cosa es la ideología de género y otra es el enfoque de género”, dice Cerrón, quien niega oponerse a lo primero. En la Corte Suprema, el debate tiene dos votos en contra del enfoque de género, tres a favor y dos interpretativos (que no cuentan para ninguno de los dos). “Se ha llamado a un juez dirimente, Toribio Toledo, del que sólo sabemos que resuelve con estándares progresistas en derecho laboral, pero nada más”, explica Brenda Álvarez, coordinadora de litigio estratégico de Promsex. Hasta que no se consigan los cuatro votos favorables al currículo, este no podrá entrar en plena vigencia a nivel nacional, aunque los docentes ya estén trabajando sobre él.
En la misma situación de incertidumbre está la construcción de los Coar-centro —que hoy funcionan en locales provisionales— y, en menor medida, la reforma magisterial. “Mientras no se relance la reforma con la narrativa del maestro como aliado, y mientras el CEN central del Sutep no se fortalezca, pueden volver a aparecer estas regionalidades en el sindicato, como en el 2017”, dice Cuenca.
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